Y hay silencios oficiales que hacen más ruido que una balacera.
El caso de las 32 maletas que ingresaron por el aeropuerto de Viru Viru entre el 29 y 30 de noviembre no es un chisme de redes ni una operación política: es un episodio documentado de contrabando internacional de armas, con ramificaciones en Bolivia, Paraguay y Brasil, y con la complicidad directa —por acción u omisión— de instituciones del Estado.
La alerta que nadie quiso escuchar
La primera voz de alarma no vino del exterior.
Vino de la Cancillería boliviana.
El Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió que la ex diputada Laura Rojas Ayala seguía usando un pasaporte diplomático que debía haber devuelto al concluir su mandato en septiembre de 2022. Pese a compromisos firmados, nunca lo restituyó.
El 13 de noviembre, el documento fue anulado de oficio y el caso fue reportado formalmente a Interpol y Migración.
Aun así, el 21 de noviembre, Rojas volvió a viajar a Estados Unidos usando ese pasaporte ya anulado.
Y el 28 de noviembre, regresó a Bolivia en un jet privado Gulfstream IV con matrícula estadounidense, transportando 32 maletas.
Cintas rojas para un delito
Las maletas no fueron revisadas.
No fueron abiertas.
No fueron detenidas.
Migración les colocó cintas rojas, esas que solo corresponden a valijas diplomáticas oficiales, protegidas por la Convención de Viena.
Pero esto no era correspondencia entre Estados.
Era equipaje común.
Y el pasaporte que lo “amparaba” ya no tenía validez legal.
Aduana custodió ese equipaje durante más de 24 horas, sin tocarlo, pese a que existían alertas internacionales activas que ordenaban intervenir apenas el avión pisara suelo boliviano.
No pasó nada.
O peor: pasó todo.
Lo que había dentro
Según un informe de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) del Paraguay, la red desarticulada operaba bajo la fachada de una importadora de vehículos y abastecía al Comando Vermelho con armas, municiones y componentes de fusiles.
El método es viejo, pero efectivo:
armas compradas legalmente en Estados Unidos, desarmadas, camufladas entre autopartes, repuestos, juguetes o electrónicos, transportadas por “mulas” en vuelos comerciales o chárter.
Santa Cruz vuelve a aparecer como zona de tránsito.
Otra vez.
Las preguntas que nadie responde
Los videos de seguridad de Viru Viru muestran a Laura Rojas hablando insistentemente por teléfono mientras realizaba los trámites.
¿Con quién hablaba?
¿Quién dio la orden de no revisar?
¿Quién autorizó las cintas rojas?
Ocho personas retiraron las maletas del aeropuerto.
Ninguna fue identificada.
Ninguna fue citada a declarar.
Fuentes señalan que entre ellas había personal de seguridad vinculado a una empresa relacionada con el juez Hebert Zeballos, hoy procesado por tráfico de marihuana paraguaya.
Cuando se intentó rastrear las maletas semanas después, ya no estaban.
Delito internacional, silencio nacional
La Cancillería es parte civil en un proceso por uso indebido del fuero diplomático.
Pero Aduana y Migración, que violaron la Convención de Viena, siguen sin explicar su rol.
Mientras tanto, en Paraguay, las armas ya fueron ensambladas.
Aquí, el Estado sigue mirando al piso.
No fue una falla del sistema.
Fue el sistema funcionando para algunos.
Treinta y dos maletas cruzaron Bolivia con protección oficial, pasaporte anulado y advertencias internacionales encima.
Hoy, nadie cae.
Nadie habla.
Nadie renuncia.
Después se preguntan por qué la gente ya no cree.
No es desconfianza.
Es memoria.
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